Festa de la Gent Gran a Blanes / Herminio Martino

La Unión General de Trabajadores (UGT) reclama al Gobierno una revalorización mayor que el ridículo 0,25% que ha decretado, que supondrá, por segundo año consecutivo, una pérdida de poder adquisitivo del 1,25%, (cuando ya el ańo pasado perdieron un 1,75%), para los pensionistas de nuestro país, a pesar del crecimiento económico a tenor de la previsión de inflación del 1,5%.

Para el sindicato, ésta es una muestra más de la política económica de un Gobierno que, por un lado, condena a los pensionistas a una nueva pérdida de poder adquisitivo, empobreciéndoles aún más, y, por otro, destina 2.000 millones al rescate de las autopistas y a la vez ingresa 1.000 millones de los pensionistas con el copago farmacéutico.

Para UGT, esta subida es totalmente insuficiente, ya que solo supone 2,3 euros más al mes para la pensión media, que está en torno a los 925 euros, o 1,62 euros más para la pensión más habitual, de 645 euros. Un recorte bastante evidente que va a aumentar los niveles de pobreza de este colectivo, disminuye un 3% su capacidad de compra en los dos últimos años y reduce, más si cabe, su Estado de Bienestar.

Campaña de denuncia

Una subida de mierda con la que los pensionistas de nuestro país van a profundizar en la situación de pobreza, en la que están viviendo durante los últimos años y contra la que el sindicato está totalmente en contra. Por ello, UGT ha iniciado una campaña con un lazo marrón con el fin de denunciar esta situación y recordar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a lo largo de este año.

Según los cálculos de UGT, el Estado empleará 313 millones para subir las pensiones este año, por lo que se va a ahorrar 1.200 millones de euros (la diferencia entre la subida de las pensiones y lo que subirá el coste de la vida).

Las pensiones deben revalorizarse por encima del nivel de los precios, que es lo que se hace en todos los países del entorno europeo, donde las pensiones suben como mínimo al nivel del IPC, nunca por debajo del mismo.

UGT lleva defendiendo desde hace  más de un ańo, la revalorización de las pensiones por encima del nivel de los precios además de establecer medidas para resolver el déficit de la Seguridad Social. La última, ayer en las puertas del Congreso de los Diputados, donde miles de trabajadores y trabajadoras y pensionistas reclamaron un aumento de sus pensiones para este año.

Cláusula de revisión

Por ello, el sindicato propone asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, incluyendo también una cláusula de revisión a final de año para que no lleguemos a un sistema de pensiones muy mínimas. Además, UGT reclama la reforma inmediata de las fuentes de financiación, mediante una nueva recomendación del Pacto de Toledo que permita que el sistema no solo se financie a través de cotizaciones, sino también adicionalmente con impuestos; y erradicar el déficit de la Seguridad Social acabando con las bonificaciones a la contratación, financiando los gastos de la Seguridad Social desde los PGE, y destopando las bases de cotización.

Sin embargo, el Gobierno, que parece más preocupado en bajar las pensiones año a año y en engordar deliberadamente el déficit de la Seguridad Social, que es lo que asegura mediante ley el recorte permanente de las pensiones. Continúa vendiendo una situación de insostenibilidad que no es real, para favorecer los fondos de pensiones privados.

No solo ha hecho caso omiso a las reivindicaciones sindicales y a las propuestas de solución planteadas por UGT en el Diálogo Social y en el Pacto de Toledo , sino también a las recomendaciones de todos los grupos políticos que reclaman un aumento real para el año 2018.

Para UGT, un modelo público de pensiones eficaz y eficiente es incompatible con la reforma que el PP aprobó en 2013, con un índice de revalorización y un factor de sostenibilidad que llevan implícitos el recorte de las pensiones a corto y medio plazo, tal y como calcula el FMI en un 33% en los próximos 20 ańos.

Por este motivo, el sindicato exige su derogación y la puesta en marcha de medidas que aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas y garanticen la viabilidad del sistema público.