El pleno del Ayuntamiento de Blanes celebrado la pasada semana aprobó por 15 votos a favor y cinco abstenciones pedir a la Generalitat que reconozca que tiene una deuda que se «estima» en unos cuatro millones de euros, fruto de transferencias, convenios y subvenciones. A favor votaron los concejales de PSC, ICV-EUiA, PP y Lourdes Fàbrega y se abstuvieron los de CiU.
En el debate previo a la votación la concejala no adscrita y el PP criticaron que el total de la deuda no se haya detallado con exactitud y que solo sea una estimación, asunto que no importó a los ediles ecosocialistas. Su portavoz, Joan Salmerón, se felicitó de que se reclame la deuda, pues dijo que «supone un pequeño gesto de rebeldía, que ojalá vaya creciendo». A continación atacó al PP por dejar «vacíos de contenidos los ayuntamientos» ya que el gobierno proyecta aprobar una ley que recortará competencias en favor de las diputaciones provinciales.
Por su parte, el portavoz de CiU, Joaquim Torrecillas, se manifestó favorable a exigir el pago de la deuda, pero a la vez demandó «profundizar por qué no puede pagar la Generalitat» ya que, indicó que «muchas veces el dinero ha de venir de Madrid», es decir, del Gobierno del Estado, que a su vez también adeuda varios miles de millones a la Generalitat. Torrecillas reclamó al equipo de gobierno «más rigor y concreción» a la hora de fijar la cantidad adeudada.
Los motivos por los que la cifra exacta no se ha podido determinar o se ha preferido no hacerlo, los aportó el interventor municipal, al que el alcalde Josep Marigó pidió que tomase la palabra. El funcionario dijo que simplemente se trata de «iniciar un proceso técnico» y que en las reclamaciones entre administraciones «prevalece el criterio del pagador», pues la Generalitat podría no haber «contabilizado todo lo que ha firmado». Por este motivo, el interventor reiteró que la propuesta pretende abrir un proceso de «conciliación».
Señalar por último que la Generalitat anunció a principios del pasado mes de marzo por boca de la vicepresidenta Joana Ortega que la Generalitat tenía intención de pagar la deuda que tiene contraida con los ayuntamientos catalanes y que asciende a unos 550 millones de euros.
Pero para que la Generalitat pague la deuda, primero el gobierno del presidente Rajoy debe implementar un plan de pago a proveedores, en el que se incluirían las deudas que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos.