Durante la celebración el pasado miércoles 27 de marzo del pleno del Ayuntamiento de Blanes, el alcalde Josep Marigó realizó un comentario en el que admitió que se revisará la facturación del recibo del agua, al haberse producido incrementos indeseados. Desde principios de año Aigues de Blanes aplica un nuevo sistema de tarifación respecto de la cuota fija, que penaliza el bajo consumo.
En los últimos 13 años los gobiernos locales de la ciudad, con el apoyo de los grupos de la oposición vinieron aplicando un sistema mediante el cual se aplicaba una cuota fija de bajo precio a los empadronados en Blanes, mientras que en aquellas viviendas en las que no constaba nadie empadronado (que generalmente son segundas residencias de personas empadronadas fuera de Blanes) la cuota fija era significativamente más elevada. La filosofía de este planteamiento obedecía que Aigues de Blanes debe asegurar el suministro a todas las viviendas de la población, estén o no habitadas de forma permanente. Blanes tiene viviendas que, de estar ocupadas siempre, harían que su población practicamente se duplicase.
Dar suministro a todas las viviendas genera un gasto adicional para la compañía de aguas que, se subsana imponiendo una cuota fija más elevada a los no residentes. Sin embargo, el Síndic de Greuges estableció que este sistema de tarifación es cuando menos injusto. Además, sentencias sobre casos similares han considerado discriminatorio establecer la cuota fija a partir del empadronamiento.
Para subsanar esta cuestión, el equipo de gobierno (PSC) y CiU aprobaron que a partir de 2013 que la cuota fija se establecerá a partir del consumo, de forma que los que menos gasto hacen de agua paguen más, y viceversa. Se cambió el sistema de tarifación, pero no su filosofía: que paguen más lo que tienen segunda residencia en Blanes.
A pesar de que se contemplaron medidas correctoras, para no perjudicar a los y las residentes que vivien solos o que, por diversos motivos, efectúan un bajo consumo, parece ser que el primer recibo de 2013 ha comportado incrementos desorbitados para determinados colectivos de la población. Estos aumentos podrían ser de entorno a 10 euros e incluso más elevados.
Estos desajustes comportarán que se revise la facturación, a fin de no perjudicar a los residentes. Porque dificilmente el Ayuntamiento y buena parte de la clase política local está dispuesta a renunciar al sobrecoste que consideran deben asumir los no residentes.
Noticia relacionada: Artículo de opinión del concejal Víctor Catalán (EUiA-ICV), en su blog, titulado “Petites victories: es revisarà la factura de l’aigua a Blanes”
Texto: José Fernández