Ayuntamiento de Blanes

Solo siete concejales, cuatro de ERC y tres de Junts per Blanes, han votado a favor de la moción que rechaza la sentencia condenatoria a los políticos encarcelados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia.

La moción se ha debatido y votado esta tarde en la sala de plenos del Ayuntamiento, en una sesión extraordinaria con este único asunto en el orden del día. Al pleno no ha asistido un concejal de ERC -de baja por enfermedad-, ni los tres concejales de Ciudadanos (Cs), por considerar que la finalidad de la moción es vilipendiar la sentencia del Tribunal Supremo.

Por su parte, los cinco concejales del PSC y los cinco de Blanes en Comú se han abstenido. 

Jordi Urgell, portavoz de Blanes en Comú Podem (BCP), ha criticado la sentencia del Supremo -ha dicho que es «indignante»- y ha reclamado diálogo que hallar una vía de solución al conflicto existente entre una parte de la población catalana y el gobierno de España. Su grupo había redactado un texto alternativo, al que no se han sumado los grupos independentistas. En consecuencia, se han abstenido. BCP es partidario de que se promuevan «todas las iniciativas políticas y jurídicas» posibles para que los condenados recuperen la libertad cuanto antes. 

Pepa Celaya (PSC) ha comentado que vivimos una situación política muy «complejo». Tras señalar que muchos aspectos de la moción no los comparten los socialistas, ha condenado los episodios recientes de violencia y que respetan el sentimiento «independentista». Ha reclamado que se busquen «espacios de diálogo real». En otro momento de su intervención ha mostrado su disgusto por las penas, que ha considerado «duras». 

La moción es un texto redactado por la Asociación Catalana de Municipios, controlada por una mayoría de alcaldes del PDeCAT, y la Asociación de Municipios por la Independencia, entidad a la que no pertenece Blanes. 

La moción es un nuevo alarde de propaganda secesionista por la vía de criticar la democracia española, que supuestamente «muestra síntomas inequívocos de estar herida de muerte», remarcando que «las ideas no se juzgan». Cierto. El juicio a los líderes del procés ha dilucidado su conducta en relación al Código Penal, no sus ideas políticas. Por este motivo, no son presos políticos.

En la moción, también se indica que supuestamente los poderes del Estado buscan acabar con la pluralidad política ya que serían «incapaces de hacer uso del diálogo como instrumento de resolución del conflicto». Además, la sentencia supondría un «recorte de los derechos políticos de las personas condenadas», referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos que llevan aparejadas las penas. 

Un aspecto destacado de la moción es la petición de que se apruebe una ley de amnistía que beneficie a los condenados. Conviene precisar que la amnistía implica que se «elimina los antecedentes penales, hace ‘desaparecer’ el delito, mientras que el indulto supone cancelar la pena porque el poder ejecutivo no la ve necesaria o útil», según se puede leer en este esclarecedor artículo publicado en la web de El Periódico . En otro párrafo se precisa que «la amnistía es una anomalía tal que se reserva para situaciones de excepcionalidad, ‘solo imaginable en casos de refundación política’, como recuerda el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. Y es esa excepcionalidad la que el soberanismo pretende evocar».