El grupo municipal de ERC de Blanes reclama que se den pasos para cumplir uno de los aspectos que figura en el POUM: el acceso peatonal a todo el litoral del término municipal de Blanes, hasta llegar al Delta de la Tordera. El POUM está aprobado por el pleno municipal, pero pendiente de ser ratificado tras el periodo de alegaciones generadas en la fase de exposición pública.
Desde hace años, el paseo marítimo en la zona de los cámpings se interrumpe bruscamente ya que la regresión de la playa hizo inviable la continuidad del paseo. Pero, además, el sendero situado junto al cauce del río es excesivamente estrecho, al estar «ubicado y delimitado por los cámpings, lo cual lo hace inviable», según explican los republicanos en un comunicado. El problema se agrava si se tiene en cuenta que está en proyecto la creación de un carril bici, «que por la ocupación actual no se puede prolongar hasta la desembocadura del Tordera».
En otro párrafo, ERC argumenta que «los vecinos y vecinas de Blanes, los que vienen a nuestra ciudad y los que nos visitan los fines de semana, ven como un grave problema la privatización virtual que se ha producido de un bien público, como es la playa y la zona del Delta del Tordera. Esta privatización se ha producido y se constata en la dificultad de acceso a estas zonas por parte de la población no usuaria de los cámpings. Todos sabemos como y dónde acaba el paseo marítimo».
Para dar cumplimiento al POUM, ERC propone que se suprima el cerramiento de los cámpings que dan directamente a la playa, o que el vallado «se retire como mínimo 4 metros, para permitir el paso de todos los usuarios hasta las zonas de playa y del delta del Tordera. Hemos de recuperar la playa y el paseo para toda la ciudadanía y no solo para los propietarios de los cámpings y sus clientes».
ERC considera que con estas medidas no se resuelven todos los problemas urbanísticos de la zona, pero al menos se recuperará para el conjunto de la ciudadanía el acceso al dominio público.
Con esta argumentación, ERC pretende que se tome conciencia de que el problema de los cámpings no se reduce únicamente a los que han sido sancionados por ocupar zonas agrícolas vulnerando la legalidad urbanística.
Precisamente, sobre esta cuestión, hace pocos días el alcalde de Blanes, Mario Ros, firmó un decreto en el que se informaba que el propietario del cámping Bella Terra disponía desde el momento de la notificación del documento de un mes para desalojar la gran superficie que durante años ha destinado a los campistas, a pesar de estar considerada como zona agrícola. De no hacerlo, la Policía Local podría acabar precintando la zona ilegal del cámping.
El conflicto ha generado un largo procedimiento judicial, diversas sanciones administrativas y acuerdos municipales durante más de una década. Pero por ahora está pendiente de que se restituya la legalidad urbanística.