En Blanes hay 267 viviendas vacías que son propiedad de los bancos, tras haberse realizado el proceso de ejecución hipotecaria por impago de los propietarios que las adquirieron en su momento.
El dato figura en el reportaje que hoy publica La Vanguardia, en el que informa mediante un listado y un mapa del número de viviendas que están en la misma situación en todas las poblaciones de Catalunya.
Conviene explicitar, para evitar malas interpretaciones, que las 267 viviendas vacías que hay en Blanes no son todas las que están deshabitadas. Son solo las que poseen los bancos tras la ejecución de los procedimientos de desahucio y que aún no han vendido. Porque, evidentemente, en estos últimos años los bancos han vendido algunas de las viviendas que obtuvieron.
Para contextulizar la cifra de las 267 viviendas, La Vanguardia ha incorporado otros datos sobre vivienda y demografía elaborados por el Instituto de Estadística de Catalunya. Así, en Blanes hay 25.257 viviendas y una población de 39.132 habitantes. La estadística indica que en Blanes hay 6,82 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes. Otro dato interesante es que las 267 viviendas en cuestión equivalen a 10,57 pisos por cada 1.000 viviendas.
Los datos que aporta la estadística de La Vanguardia respecto de Lloret de Mar son similares: 225 viviendas vacías propiedad de bancos de un parque de 23.530 hogares, siendo la población 37.618 habitantes.
De las poblaciones de nuestro entorno, Tordera es donde la banca y la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), tienen más pisos: 412 vacíos de 8.459, para una población de 16.433 habitantes.
Palafolls también tiene un ratio elevado de viviendas en idéntica situación. Son 107 las que han pasado a manos de los bancos. Parecen pocas, pero en Palafolls solo residen 9.132 personas. Es decir, hay 11,72 pisos vacíos por cada 1.000 habitantes.
La Vanguardia explica que los datos de las viviendas vacías propiedad de bancos y la Sareb, los ha obtenido la Generalitat raíz de la aplicación del decreto ley 1/2015 de «’medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria’. Este decreto obliga a los bancos a proporcionar a l’Agència Catalana de l’Habitatge datos sobre el número de viviendas vacías que tienen».
Estas viviendas vienen siendo reclamadas desde hace años por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para que se pongan en régimen de alquiler social, es decir, a un precio módico asequible para todas las personas que hoy demandan acceder a una vivienda o que, precisamente, la perdieron al ser desahuciados.