Finca Els Padrets / Google Earth

El pleno del Ayuntamiento de Blanes aprobó ayer por unanimidad aprobar el convenio con los propietarios de las fincas que conforman el paraje de Els Padrets. El acuerdo comporta la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya favorable a los propietarios. La finca, de unos 7.000 metros cuadrados, pasa a ser de titularidad municipal y a cambio el Ayuntamiento deberá pagar un total de 3.200.000 euros en diversas cantidades durante los próximos años.

La finca es un antiguo contencioso que se remonta a 1987 cuando el Ayuntamiento firmó un contrato de permuta de terreno con los propietarios, pues les ofreció a cambio terrenos en Mas Moixa, Can Buch y en Pinya de Rosa, cuando en este último emplazamiento los terrenos aín no eran de titularidad municipal.

Posteriormente, en 2003, los terrenos de Pinya de Rosa pasaron a ser declarados paraje natural de interés nacional, con lo cual la permuta no se pudo materializar, al tener la consideración de suelo no urbanizable.

Entonces, los propietarios instaron la expropiación forzosa de las fincas de Els Padrets. En abril de 2007 el Jurado de Expropiación Forzosa de Catalunya acordó la cantidad que debía pagar el Ayuntamiento. Pero los propietarios no estuvieron conformes con la valoración efectuada y recurrieron a los tribunales contencioso administrativos.

En diciembre de 2010 obtuvieron una sentencia favorable que valoró los terrenos en aproximadamente 4,8 millones de euros. Después, en cuatro ocasiones, el tribunal han enviado interlocutorias al Ayuntamiento para que pague a los propietarios. El último requerimiento fue el pasado mes de septiembre.

A principios de este mes, el Ayuntamiento ha acordado con los afectados pagarles en total 3.200.000 euros. Antes de acabar el año se deberán abonar unos 600.000 euros; en 2016 entorno a 300.000, y en años posteriores, hasta 2022, otras cantidades hasta saldar la deuda, según comentó ayer en el pleno el concejal de ICV-EUiA Joan Salmerón.

Ante la imperiosa necesidad de cerrar el asunto, cumplir la sentencia judicial y pagar a los propietarios, los grupos municipales validaron el acuerdo como un mal menor.