Salmerón recordó que en la anterior legislatura el PSC e ICV-EUiA reclamaron con insistencia ser informados de las cuentas del Consistorio y que apenas tuvieron conocimiento de la situación financiera de la institución. Ahora, el grupo que encabeza Salmerón empieza a detectar que se adoptan decisiones sin la transparencia que reivindicaban los socialistas cuando les acompañaban en la oposición.
En este sentido, el concejal indicó que recientemente se ha producido el despido de seis interinos (cuatro conserjes y un jefe de monitores del área de Deportes, además de una administrativa de otro departamento). En contrapartida, consideran que se han tomado decisiones “que en el futuro representarán un coste importante para el Ayuntamiento”, como la reciente creación de nuevos jefes de departamento. Este incremento de cargos deberá reflejarse en el futuro en un aumento del coste del personal. ICV-EUiA discrepa de estos acuerdos y destaca que los adopta el equipo de gobierno estando en minoría.
Asimismo, además del aumento del precio del billete de autobús desde principios de agosto, auguran que se avecinan nuevas subidas de los servicios, como el de las guarderías y el precio del agua.
Otro asunto tratado en la rueda de prensa es el proyecto de reforma de la calle Colom, en la zona de los cámpings de Els Pins. Para el PSC es “estratégico” abordar la mejora de este vial llamado a renovar la zona turística de la ciudad. Pero en esta época de recursos escasos y déficit del Ayuntamiento –que impide endeudarse más de lo que ya está-, deberá ser la empresa Aguas de Blanes -en la que el Ayuntamiento tiene el 51% de acciones-, la que solicite un crédito para reformar la zona. Para ICV-EUiA si esta operación se llega a realizar comportará “restar unos ingresos anuales a las arcas del Ayuntamiento”, que la coalición cifra en “400.00 euros anuales”.
Por todas estas cuestiones, Salmerón concluyó que “el señor Marigó y su equipo deben recordar que el Ayuntamiento somos todos y que al estar en minoría están obligados a consensuar con la oposición” los asuntos que tienen un gran impacto en la ciudadanía.
Pediatría se puede salvar
En la rueda de prensa, el grupo municipal de ICV-EUiA abordó la situación de la Corporación de Salut del Maresme i la Selva (CSMS). Los concejales valoran positivamente las movilizaciones de la plantilla y la manifestación del pasado 13 de agosto, que han comportado que la dirección de la CSMS retirase el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se disponía a tramitar. Recordemos que esta cuestión se ha resuelto satisfactoriamente, pues la plantilla ha renunciado a una paga de incentivos a cambio de que no se produzcan despidos.
Sin embargo, se mantienen las modificaciones y recortes del servicio sanitario, pues los partos de las residentes en Blanes y Lloret se harán en el hospital de Calella y Blanes pasa a contar con dos ambulancias en vez de tres. Salmerón manifestó que por las informaciones “extraoficiales” de que dispone “parece ser que el Hospital de Blanes no perderá el servicio de pediatría”.
Por este motivo, ICV-EUiA apoya las demandas y movilizaciones que pueda acordar la plataforma ciudadana creada para defender los servicios sanitarios en Blanes. “Hemos de continuar las movilizaciones, porque hay margen para recuperar los servicios que podemos perder”, dijo Salmerón. En otro momento de sus declaraciones reclamó que la comisión creada en el pleno del mes de julio, para hacer un seguimiento de la sanidad en Blanes, se vuelva a reunir. Esta comisión mantuvo un primer encuentro a principios de agosto, pero Salmerón considera que la evolución del conflicto requiere que se haga una segunda sesión. Uno de los objetivos es demandar a los representantes de la CSMS –que participa en la citada comisión-, que informe de su situación financiera.
El Hospital de Blanes y las mutuas
ICV-EUiA sospecha que tras el cierre el pasado mes de mayo de una planta del Hospital Comarcal de Blanes –oficialmente se ha clausurado de forma temporal para hacer reformas-, se esconde la intención de alquilarla a las mutuas privadas. En una primera fase de la operación se trataría de demostrar a la Generalitat que se sigue ofreciendo el mismo servicio a pesar de haberse cerrado una planta, para después pedir al Departamento de Sanidad que permita ofertarla a la sanidad privada.
Texto, fotos y edición: José Fernández