En esta situación se encentran la mayoría de municipios españoles y entes locales, como las diputaciones provinciales, a lo que se les reclama la devolución de 4.379 millones de euros. Si ya la situación de muchos ayuntamientos es crítica, la devolución de dinero al Estado podría resultar catastrófica o directamente inasumible para las finanazas municipales.
Por este motivo, las entidades municipalistas catalanas – la Federación de Municipios de Catalunya, controlada por el PSC, y la Asociación de Municipios de Catalunya, proclive a CiU- demandan del Estado una moratoria de dos años para empezar a devolver el dinero que se les reclama y que, además, el plazo de ir realizando los pago sea de 10 o 15 años.
Texto, foto y edición: José Fernández