El pleno del Ayuntamiento de Blanes celebrado ayer aprobó por unanimidad la adhesión del Consistorio al convenio que mantienen la Generalitat y la entidad nacionalizada CatalunyaCaixa, para posibilitar que la entidad destine una parte de las viviendas que tiene en propiedad a alquileres a bajo precio. El convenio está en vigor desde octubre de 2013.
Este convenio cuenta con el apoyo de municipios de Catalunya en los que existe una importante demanda de vivienda por parte de personas y familias con pocos recursos económicos. Los alquileres que se ofertan tienen una mensualidad de entre 150 y 350 euros. Un baremo para establecer el precio del alquiler es que el coste del alquiler no puede superar el 30% de ingresos de los beneficiarios.
Cuando se suscribió el convenio la Generalitat informó que la entidad financiera había paralizado «todos los procesos de ejecución hipotecaria y, desde que se inició la crisis, ha flexibilizado el pago de las hipotecas de 78.000 familias, concedido 9.500 daciones y convertido contratos de hipoteca en alquiler a precio asequible a 2.400 familias en todo el país».
En el pleno se informó que recientemente CatalunyaCaixa ha vendido su división inmobiliaria al fondo de inversión Blackstone por 40 millones de euros. El alcalde Josep Marigó manifestó que «habrá que seguir este tema», en referencia al impacto que pueda tener en la aplicación del convenio. Marigó informó que en Blanes ya hay una vivienda de CatalunyaCaixa ocupada al amparo del citado convenio.
El pleno aprobó también otro asunto relacionado con la vivienda. En este caso se trató de dar luz verde a la desafección del edificio situado en el número 96 de la calle Villa de Lloret, ubicado en el recinto de la antigua escuela Carles Faust, cuya desafección también se aprobó.
El inmueble está formado por nueve viviendas que se construyeron en el marco de la Ley d’Educación Primaria de 1967, que contemplaba la asignación de viviendas para los maestros de los colegios. Pero, con el paso de los años, estos inmuebles han quedado desfasados y el profesorado apenas los utiliza. De las nueve viviendas, solo una está habitada al figurar una persona empadronada.
«Ante la situación de precariedad de vivienda que viven muchos conciudadanos, la afectación de ocho viviendas para maestros que no tienen (su residencia en el inmueble) aparece como un acto de insolidaridad y de injusticia social», se indica en uno de los apartados de la exposición de motivos del acuerdo del pleno.
Por este motivo, la desafección del edificio, servirá para incluirlo en la bolsa de vivienda local para personas necesitadas o con escasos recursos. Pero antes de ser habitados los pisos se tendrán que realizar obras de reforma para dignificarlos, pues a día de hoy las viviendas aún carecen de contadores de suministro de agua potable.