Agentes de la Policía Nacional detuvieron a principios del pasado mes de noviembre a dos agentes de la policía local de Santa Susanna y a la esposa de uno de ellos, Inma Casilla Rojas, concejala del PP en el Ayuntamiento de esta misma población, acusados de regularización ilegal de inmigrantes.
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Según informaron ayer la Cadena Ser, La Vanguardia y TV3 entre otros medios, también se detuvo a un agente de Mossos d’Esquadra que con anterioridad trabajó como policía local en Santa Susanna. Los cuatro detenidos se encuentran en libertad con cargos.
La instrucción del caso la lleva un juzgado de Barcelona, que investiga una red de personas que presuntamente se dedicaban a entregar a inmigrantes procedentes de Pakistán documentación que acreditaba su empadronamiento y la tenencia de un contrato de trabajo, a cambio del pago de 5.000 euros. Según La Vanguardia, el fraude podría afectar a más de 40 personas. La documentación que han obtenido los extranjeros previsiblemente será anulada.
Los agentes de la policía local de Santa Susanna que están procesados son dos cabos. El agente que está casado con la concejala del PP tiene pendiente un juicio en un juzgado de Arenys de Mar generado por una denuncia de la policía local de Santa Susanna ya que supuestamente se apropió del dinero de multas y de la grúa.
A raíz de estas informaciones el alcalde Joan Campolier ha informado que se ha abierto expediente disciplinario por faltas muy graves contra los agentes y, también, que se personaran en el procedimiento judicial. El expediente deberá instruirlo la Dirección General de la Policía.
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Según La Vanguardia, el esposo de la concejala del PP habría empadronado en su domicilio a cinco inmigrantes y «otros 35 estaban repartidos en otros domicilios, por lo que también podrían ser imputados los propietarios como cooperadores del delito».
Estas detenciones forman parte de una segunda fase de una investigación contra una red que se lucraba con la regularización ilegal de inmigrantes. En total, hasta ahora hay unas 15 personas investigadas. Los delitos que se les podrían imputar son pertenencia a organización criminal, falsedad de documento oficial y contra los derechos de las personas extranjeras.