Concentración de vecinos de Pineda de Mar en las inmediaciones del hotel en el que se alojaban miembros de la Policía Naconal / Ràdio Pineda de Mar

La Fiscalía de Barcelona pide en su escrito de acusación tres años de prisión e inhabilitación por presuntos delitos de coacciones para la exconcejala del Ayuntamiento de Pineda de Mar Carmen Aragonés (PSC), el concejal Jordi Masnou (PSC) y Carles Santacreu, Jefe de la Policía Local de Pineda.

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Según la Fiscalía, supuestamente coaccionaron a los dueños de dos hoteles de Pineda en los que se alojaban más de 400 miembros del Cuerpo Nacional de Policía que habían sido desplazados a Cataluña con motivo del referéndum ilegal del 1-O de 2017.

En el escrito acusatorio de conclusiones provisionales, el ministerio público considera que no han quedado suficientemente acreditados que los acusados cometieran un delito de falsedad documental, atribuidos, entre otros a Silvia Biosca, y por tanto, se acuerda el sobreseimiento de la causa para estas personas. Biosca era tercera teniente de alcalde, responsable de Comunicación, cuando ocurrieron los hechos.

Los hechos se remontan al 2 de octubre de 2017. El fiscal Miguel Ángel Aguilar, explica que en los hoteles de Pineda, Checkin Pineda y el Checkin Montpalau, se alojaban desde finales de septiembre de 2017 un total de 486 miembros de la Policía Nacional desplazados a la comunidad para la consulta soberanista.

Durante los primeros días no tuvieron problemas, pero al día siguiente del referéndum unilateral, el 2 de octubre, los acusados ​​se presentaron en uno de los establecimientos con el «firme propósito» de conminar a los propietarios de la cadena hotelera, «prevaliéndose de la autoridad que representaban», a que expulsaran a los agentes que se alojaban en sus locales.

La acusación pública sostiene que Carmen Aragonés, que entonces era la máxima autoridad municipal, ya que el alcalde se encontraba ausente de la población, se dirigió directamente hacia el director del hotel Checkin Pineda y contando con «la presencia y apoyo» de los otros dos acusados, le conminó para que desalojara el contingente de policías alojados en los dos establecimientos. El fiscal recoge también que ante esta exigencia, el director «se puso al teléfono con el gerente de la cadena, que le manifestó su negativa a cumplir con su petición, ya que no había ningún problema con los agentes».

El supuesto comportamiento delictivo de los dos concejales y del jefe de la policía local se produjo en un contexto de tensión ya que un numerosos grupo de personas se concentró en las inmediaciones de los hoteles y reclamó que se marcharan del municipio. 

Ahora, tras el escrito de conclusiones finales de la Fiscalía serán las defensas que presentarán sus escritos de conclusiones, quedando a continuación el procedimiento pendiente del señalamiento y celebración del juicio oral.