Juli Fernández, a la izquierda de la imagen / Ayuntamiento de Malgrat de Mar

El alcalde de Malgrat de Mar, Joan Mercader, pidió ayer al delegado de la Generalitat en Barcelona, ​​Juli Fernández, que «el gobierno catalán actúe y refuerce el apoyo a las administraciones locales en materia social, de seguridad y justicia«.

También estamos en Telegram. Para recibir en tu móvil nuestras noticias al instante, clica aquí y síguenos:  t.me/blanesaldia

Lo hizo durante la celebración anual de la Junta Local de Seguridad, en la que se presentaron los datos en materia de seguridad ciudadana entre agosto de 2019 y julio de 2020.

Mercader manifestó que «desde el Ayuntamiento de Malgrat trabajamos y trabajaremos intensamente contra la ocupación delictiva de viviendas. Nos encontrarán ante unos individuos y mafias que ocupan para delinquir desde los inmuebles ocupados y que causan conflictividad vecinal».

También pidió que se establezca un criterio único de las fiscalías generales de las diferentes comunidades autónomas sobre la ocupación ilegal, que dote a las fuerzas de seguridad de un marco de actuación claro y definido, sobre todo en los supuestos donde no se acredita título de propiedad ni hay riesgo de exclusión habitacional.

Joan Mercader expuso que desde el Ayuntamiento y la Policía Local se trabaja, siempre dentro del marco legal, para poder dar respuesta a estos hechos que se ha disparado en los últimos años. «Sin embargo nos encontramos con casos donde se puede llegar a detener a una persona hasta 25 veces o más, y ésta no ingresa en prisión. Esto quiere decir que la policía está haciendo su trabajo, pero necesitamos que las leyes se endurezcan sobre la multirreincidencia de delitos. Esta queja ya la hicimos llegar el año pasado al entonces consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch “, detalló el alcalde de Malgrat.

Y subrayó que «desde el Ayuntamiento seguiremos junto a las personas que más lo necesitan y seguiremos exigiendo a los grandes propietarios de viviendas vacías que las pongan al alcance de las personas que acuden a Servicios Sociales», ha añadido Joan Mercader.

La petición de Mercader se produce dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiese una nueva instrucción a los fiscales a fin de pedir a los jueces la adopción de medias cautelares en los delitos de allanamiento de morada (ocupación de viviendas que son primera y segunda residencia) y, especialmente, usurpación de bienes inmuebles (ocupación viviendas vacías de grandes propietarios y locales no destinados a viviendas y que no tienen un uso en el momento de la ocupación).

Sobre este asunto, esta es la nota de prensa que divulgó la fiscalía Genral del Estado el pasado 15 de septiembre: 

«La Fiscal General del Estado ha dictado la Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles».

«La ocupación de bienes inmuebles constituye un fenómeno que, desde su misma aparición, ha generado preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. A los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno social en el que las mismas se producen».

«Se efectúa un estudio de los tipos penales de ocupación inmobiliaria y de allanamiento de morada, considerando como tal las denominadas segundas residencias o residencias de temporada, y da respuesta a las diferentes situaciones que se plantean en la práctica, haciendo especial referencia a los hechos de esta naturaleza cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada».

«La instrucción tiene por objeto que los y las Fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas y los/las perjudicados/as por estos delitos, recurriendo con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del/de la denunciante y evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento».

En la práctica, esta instrucción lo que viene es a pedir a los fiscales que en aquellos casos en los que se produzca una usurpación de vivienda en un local no destinado a vivienda o en una vivienda vacía propiedad de una gran tenedor, se solicite al juez instructor que ordene a las fuerzas del orden que procedan al desalojo del inmueble, especialmente si los ocupantes generan conflictividad social o bien utilizan los inmuebles para la actividad delictiva que desarrollan de forma habitual. 

Evidentemente, se mantiene inalterado que en aquellos casos en los que se encuentren implicados de por medio menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad y desamparo, se debe dar comunicación a los servicios sociales del municipio a fin de dar cobijo a las personas que van a ser desahuciadas.

Texto íntegro de la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado