El grupo de Junts per Catalunya (JxC) en el Parlament formuló a finales de septiembre dos preguntas al Govern de la Generalitat en relación a la proyectada prolongación de la C-32 entre Tordera y Lloret de Mar, que comportaría atravesar una zona boscosa del término municipal de Blanes.

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En el escrito se indica que «las poblaciones de Lloret de Mar, Blanes y Tordera representan una población de aproximadamente 101.000 habitantes en una zona que conecta las comarcas del Maresme y la Selva con el resto del territorio gerundense, y que además es un eje económico estratégico como puerta de entrada a la Costa Brava».

Según JxC, la prolongación de la C-32 entre Blanes y Lloret de Mar se ha convertido en una «necesidad urgente para el territorio, la población y la industria de la Selva Marítima y el Alt Maresme para disponer de una vía rápida que proporcione una movilidad eficiente y efectiva, que reduzca la contaminación acústica y atmosférica al alejar las emisiones de dióxido de nitrógeno y de CO2 de los núcleos de población y que garantice la seguridad vial, al permitir canalizar el elevado volumen de tráfico rodado que circula por esta zona del territorio».

Se argumenta en el escrito que «existen múltiples mandatos parlamentarios emitidos por el Parlamento de Cataluña para completar y ejecutar las obras de prolongación de la C-32 entre Blanes y Lloret de Mar». Se trata de dos mociones y una resolución, que se aprobaron con los votos del PSC y otros grupos parlamentarios. 

La GI-682, entre Blanes y Lloret de Mar / Google

En una moción, fechada en diciembre de 2022, se aprobó elaborar un plan «de mejora de la movilidad en la Selva Marítima, con criterios de sostenibilidad suficientes y que prevea diversos modos de transporte y el aumento de la capacidad viaria de la comarca». Este plan debería incluir los «trámites imprescindibes para hacer efectiva la prolongación de la C-32 entre Blanes y Lloret de Mar». 

Esos «trámites» se refieren a la judicialización del proyecto, ya que la plataforma Aturem la C-32 llevó el caso el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que mediante una sentencia que anuló el estudio de impacto medioambiental del proyecto por no tener en cuenta varios parámetros de la Ley de Cambio Climático. Por tanto, se debería acompañar el proyecto con un nuevo estudio de impacto ambiental.

La sentencia fue bien recibida por las entidades ecologistas. Denunciaron que la prolongación de la autovía, de 6,5 km., destruiría zonas boscosas de gran valor ecológico como Sant Pere del Bosc y la zona de El Vilar, que ejercen una función de «corredor biológico al unir el «Massís de l’Ardenya-Cadiretes con el Massís del Montnegre, la Plana del Tordera i les Guilleries». La resolución judicial también gustó al gobierno municipal de la época, formado por ERC y Blanes en Comú Podem, aunque no agradó al ayuntamiento de Lloret de Mar. 

En la segunda moción, de febrero de 2023, se pedía incluir en los presupuestos de 2023 una dotación económica para ejecutar la ampliación de la C-32 «con las adaptaciones y mejoras medioambientales que correspondan». 

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Y en la resolución parlamentaria, fechada a final de septiembre de 2023, se reiteraba de nuevo impulsar las modificaciones necesarias en el proyecto para ejecutar la infraestructura «a fin de resolver un problema que comporta colapsos y congestión de la red urbana de los municipios de la zona y de la carretera GI-600», que conecta Tordera con Blanes. 

Con el respaldo de estos pronunciamientos del Parlament, JxC pregunta «cómo tiene previsto el Govern dar cumplimiento a los mandatos parlamentarios anteriormente expuestos». También, desea saber «qué actuaciones y mejoras prevé el Govern para descongestionar la GI-600». Por ahora, el Govern no ha respondido los requerimientos de Junts.