Ayuntamiento de Blanes
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Blanes, Pere Robert, ha pedido que el alcalde, Jordi Hernández, cese a la concejala Rosa María Aladern como responsable del área de Actividades, mientras se investiga si se benefició de su cargo para evitar que se cerrara el camping S’Abanell -del que era socia- durante el anterior mandato, cuando era responsable de Urbanismo en el equipo de gobierno.
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La petición, según una nota de prensa del PP local, llega después de que los populares consiguieran que ayer se convocara la Comisión de Transparencia, Buen Gobierno y Código Ético del Ayuntamiento de Blanes, en la que se dio cuenta de que ya se le ha comunicado oficialmente a Aladern el inicio de una investigación interna sobre este asunto que se alargará hasta tres semanas.
«Lamentamos haber tenido que forzar una [reunión de la] Comisión de Transparencia para llegar hasta aquí, porque esto ya se arrastra desde el anterior mandato y es urgente resolverlo», ha afirmado Robert.
El portavoz popular ha manifestado que «seguiré muy de cerca este caso, porque si se determina que se le debe abrir un expediente sancionador a la concejala pediremos su cese inmediato». De todas formas, Robert ha insistido en la necesidad de que el alcalde «aparte temporalmente de sus funciones» a la concejala porque «causa mal efecto que pueda continuar con su actividad cuando está siendo investigada internamente, si hay una mínima sospecha de que ha actuado de forma impropia, lo lógico es apartarla».
En el anterior mandato, entre 2019 y julio de 2022, Aladern fue responsable del área de Urbanismo. Entró en el Ayuntamiento como concejal de Blanes en Comú Podem (BECP), que gobernaba con ERC. A principios de agosto de 2018 Àngel Canosa, el entonces alcalde republicamo, firmó un decreto mediante el cual le retiró las competencias de Urbanismo. Días después, BECP se salió del equipo de gobierno y posteriormente Aladern pasó ser concejala no adscrita.
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El secretario municipal elaboró un informe en el que abordaba tres asuntos sobre presuntas irregularidades o mala praxis en la gestión administrativa de Aladern. El informe se envió a la Fiscalía, que consideró que no había indicios de irregularidades susceptibles de ser investigadas por la vía penal.