El radar se instaló a finales de julio de 2021 / Ayuntamiento de Lloret

El Ayuntamiento de Lloret procederá en breve a retirar el radar de la avenida Vila de Blanes. Según ha manifestado alcalde, Jaume Dulsat «damos así respuesta a las peticiones de la ciudadanía».

Dulsat considera que la finalidad del radar «era reducir la velocidad en una de las principales vías de acceso a Lloret», un objetivo que se ha logrado teniendo en cuenta que en diciembre se registraron 4.864 sanciones y este pasado mes de febrero se cerró con 416 sanciones. El radar se instaló a finales del pasado mes de julio.

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En su lugar, se instalará un indicador de velocidad para avisar a los conductores de la velocidad a la que circulan y se reforzará la señalización en tierra de la velocidad máxima permitida (40 km/h desde 2002).

Por otra parte, el Ayuntamiento de Lloret también ha encargado a la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) un dictamen jurídico para buscar la viabilidad legal para revocar las multas que el Consell Comarcal de la Selva, entidad en la que el consistorio tiene externalizada la tramitación de sanciones de tráfico, que no se han tramitado en plazos considerados como razonables.

El alcalde Dulsat dijo que  «estamos trabajando para obtener el aval legal y poder revocar las multas reiteradas que se han puesto en un corto espacio de tiempo y que han sido notificadas de repente, porque creemos que queda patente que los conductores no han tenido la oportunidad de adecuar su comportamiento vial a la velocidad que requiere la vía».

El dictamen detalla que existen diferentes personas que han infringido varias veces el límite de velocidad y que, una vez notificado por primera vez, no vuelven a hacerlo. En este sentido, el dictamen remarca que «estos casos muestran el potencial preventivo y disuasivo de la medida de control y sanción una vez notificado la primera vez y, por eso, era tan importante que fuera ágil durante los primeros meses de implementación».

Además el alcalde de Lloret, por recomendación del mismo dictamen encargado en la UOC, solicitará también otro dictamen a la Comisión Asesora Jurídica de la Generalidad de Cataluña para tener la máxima seguridad jurídica.