El pleno del Ayuntamiento de Blanes aprobó ayer con los nueve votos del equipo de gobierno un paquete de medidas con las que se pretende reducir el gasto de personal este año en 560.000 euros aproximadamente. En 2011 la partida de gasto de personal ascendió a 13,8 millones de euros, una tercera parte del presupuesto del Ayuntamiento (entorno a 44 millones). Los cuatro concejales de ICV-EUiA y los tres del PP votaron en contra mientras que los cinco ediles de CiU se abstuvieron. La plantilla de la institución local está formada en la actualidad por 295 funcionarios y 26 contratados temporales.

Buena parte de la sesión de la desarrolló en un clima tenso y alborotado, pues media hora antes comenzar el pleno se concentraron frente al Ayuntamiento varias decenas de trabajadores, que denominaron a la protesta por los recortes que iban a sufrir sus sueldos y prebendas «chorizada». El ruido de las bocinas y las expresiones que proferían en la sala ocasionaron varias interrupciones de la sesión. Incluso uno de los manifestantes tuvo se atrevió a dejar un trozo de chorizo en la mesa de los concejales, frente al alcalde Josep Marigó.

La concejala Lourdes Fàbrega (PSC) dijo que las medidas propuestas buscan el «necesario equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores municipales, algunos de ellos adquiridos en épocas de bonanza económica». Tras indicar que la situación financiera del Consistorio es «muy complicada» y que se están haciendo grandes esfuerzos para pagar las nóminas, subrayó que el equipo de gobierno ha preferido adoptar recortes de sueldos y privilegios en vez de proceder a despidos de personal, pues en tal caso los vecinos de Blanes se verían afectados al recibir menos o peores servicios que los actuales.
En una segunda intervención, la regidora atacó a los representantes sindicales del Ayuntamiento, a los que acusó de nula voluntad negociadora (se reunió con ellos en nueve ocasiones) y de utilizar «tácticas dilatorias».

El concejal de CiU Joaquim Torrecillas y el del PP, Josep Llambí, pidieron que el asunto se retirase y que se volviese a negociar con las partes, sugiriendo que votarían a favor si se presentan recortes menos lesivos. Sorprendentemente, el PP, desde el Gobierno de Madrid, y CiU desde la Generalitat llevan a cabo desde hace meses una dura y constante política de ajustes, subidas de impuestos y precios de servicios que, necesariamente, han de compartir y defender los ediles locales. Ayer, se olvidaron del contexto político-económico que vivimos.

Josep Marigó explicó a la prensa las medidas que llevaría al pleno / Foto: Joaquim Robert

«Somos el último mono»

Por este motivo, el alcalde Josep Marigó, afirmó al final del pleno que «los ayuntamientos somos el último mono de la fila» y que si Madrid impone recortes, la Generalitat mueve ficha en el mismo sentido, debiendo los ayuntamiento obrar en consecuencia. Nos guste o no, esa es la ley y esas son las reglas del juego.

Pero, además, Marigó invocó dos palabras que conceptúan los verdaderos cimientos de nuestro Estado de Derecho: la «justicia social». En la rueda de prensa que ofreció por la mañana para explicar las medidas que iban al pleno dijo que los acuerdos están en la línea de la «justicia social», pues si la gran mayoría de los vecinos de Blanes han de pagar más por los impuestos y precios locales, precisamente cuando sus sueldos -si los tienen- van al la baja, también los trabajadores del Ayuntamiento están obligados a realizar un gesto de «responsabilidad» y admitir sacrificios.

Las medidas que se aprobaron en el pleno son:

1. Suspensión del pago en forma de prorrateo de los complementos para trabajar en festivos, fines de semana y noches. A partir de ahora, sólo cobrarán por servicios prestados y no con la estimación teórica que se venía haciendo desde hace 8 años. El equipo de gobierno estima que se conseguirá un ahorro de unos 70.000 euros.

2. Eliminación de la dotación económica que se hacía al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que contaba con 68.00 euros.

3. Eliminación del complemento de productividad, que acarrea un coste de unos 215.000 euros al año.

4. La partida de 10.000 euros que se destinaba para la formación de los trabajadores se deja en 3.000 euros, para formación esencial y para desplazamientos.

5. Se eliminan las ayudas sociales que, por convenio, se otorgaban a los trabajadores para prótesis dentales, implantes y gafas, así como las ayudas por estudios y nacimientos de hijos. Por estos cenceptos se ahorran 23.500 euros.

6. Supresión del seguro de vida que cubría a todo el personal y los regidores, y que significaba un coste de 52.000 euros. Por el contrario, sí que se mantendrá el seguro de responsabilidad civil ligada al trabajo que se desarrolla.

7. Se eliminan los 1.300 euros que se pagaban por ayudas sindicales.

8. La gratificación de vacaciones -un complemento que se paga a trabajadores de determinados departamentos para compensar que no pueden hacerlas los meses de julio y agosto-, sólo se pagará cuando los responsables de las áreas determinen que así tiene que ser por necesidades del servicio.

9. No se complementarán las bajas por enfermedad común en cuanto a los 3 primeros días, para intentar reducir el absentismo laboral, un tema que se quiere regular mejor con la creación de una comisión de seguimiento.

10.- Reducción de 125.000 euros por horas extras. Si en 2011 tuvieron un coste de 175.000 euros este año será de 50.000 euros.

Por estos conceptos, la reducción del gasto supera ligeramente los 560.000 euros, a los que hay que añadir el ahorro que comportará la reciente transferencia del servicio de recaudación de impuestos al Consell Comarcal de la Slva. En conjunto rondará los 800.000 euros.

Estas medidas podrían tener continuación en el próximo pleno del mes de mayo, pues el equipo de gobierno proyecta reducir los salarios de los empleados entre un 2 y un 12%. El porcentaje más bajo afectaría a las nóminas de menor cuantía y el más alto a los que ganan más. Esta medida depende de la aprobación por el Gobierno de los presupuestos generales del Estado, en los que se prevé que la jornada laboral pase de 35 a 37,5 horas. Si se ejecuta esta reducción de salarios, el Ayuntamiento ahorrará 200.000 euros suplementario y se cumplirá el objetivo del gobierno local de reducir el gasto de personal en un millón de euros.

Los plenos de los últimos meses son fuente de malas noticias para Blanes / Foto: Joaquim Robert

Ingresos que se alejan

Anteriormente, el pleno dio carpetazo a otro asunto con el que el Ayuntamiento buscaba obtener nuevos ingresos. Se declaró desierto el concurso convocado a finales de 2011 para elegir un socio privado con el que crear una empresa mixta que gestione la creación de cientos de nuevas plazas de aparcamiento en espacios públicos de la ciudad. Las condiciones impuestas en el pliego del concurso, en especial que la empresa adjudicataria debía abonar de entrada dos millones de euros al Ayuntamiento, han supuesto un freno que obligará al Ayuntamiento a elaborar un pliego de condiciones que, necesariamente, irá a la baja. Es decir, que al final, cuando las nuevas plazas sean de pago, rendirán menos ingresos al Ayuntamiento.