Ayer, durante primer pleno ordinario de la legislatura, se aprobó una moción que contempla la celebración en Blanes de una consulta popular para decidir si la ciudad se adhiere a la Associació de Municipis per la Independencia (AMI).
ERC presentó hace varias semanas una moción para que el Ayuntamiento se integre en la AMI. Sin embargo, esta semana ICV-EUiA propuso a ERC que modificase el texto de la moción, lo cual aceptó ERC, para plantear la consulta popular en vez de la adhesión, ya que así se podría obtener un amplio consenso. En efecto, 17 concejales votaron a favor y tres en contra, los dos de Ciutadans y el del PP. No asistió al pleno el concejal de la CUP Jaume Pujadas.
Según dijo el portavoz de ERC, Àngel Canosa, la votación deberá celebrarse en el plazo de 90 días, con lo cual podría efectuarse durante el mes de octubre. Sin embargo, los estatutos de la AMI establecen que la adhesión de un municipio debe realizarse a través de una votación del pleno del Ayuntamiento, cuyo resultado debe ser mayoría absoluta.
Por tanto, si el resultado de la consulta popular es favorable a que Blanes pase a formar parte de la AMI, deberá votarse en el pleno la adhesión a la entidad.
La portavoz del PSC, Pepa Celaya, manifestó en el pleno en dos ocasiones que su partido es “federalista” y que se rije por acatar la disciplina de voto en los asuntos que conciernen a cuestiones materiales de Blanes, pero que existe libertad de voto en los asuntos relacionados con los sentimientos y la conciencia personal de cada uno.
De su argumentación se desprende que en una hipotética votación del pleno para adherirse a la AMI no están seguros los cuatro votos favorables del PSC, aunque los vecinos de Blanes se hayan decantado por la adhesión.
Sobre esta cuestión, la concejala Clara Castrillo (CUP) y el portavoz de Batega per Blanes, Jordi Urgell, coincidieron en señalar con expresiones parecidas que a aquellos políticos que contravengan la voluntad popular, “se les debería de caer la cara de vergüenza”.
Aprobados los sueldos del alcalde y de la concejala Meritxell Salarich
El otro asunto destacado de la sesión consistió en la aprobación, tras dos plenos extraordinarios fallidos, de los sueldos del alcalde, Miquel Lupiáñez, y de la primera teniente de alcalde, Meritxell Salarich, que se dedican en exclusiva al Ayuntamiento. El primero percibirá 52.500 euros brutos anuales (unos 6.000 menos que el trabajo que ejercía con anterioridad) y la segunda 42.500 euros brutos. El Ayuntamiento deberá ingresar además las cantidades que les correspondan por la cuota empresarial a la Seguridad Social.
La propuesta sobre los salarios e indemnizaciones al resto de concejales y grupos se pudo desencallar gracias al acuerdo alcanzando por el equipo de gobierno (PSC y CiU) con los dos concejales de Ciutadans, que han obtenido el compromiso de aumentar en 60.000 euros el presupuesto de 2016 respecto del de este año en lo referente a la partida que se destine a servicios sociales y personas en situación de pobreza.