El pasado 13 de agosto se celebró una reunión en la sala de plenos del Ayuntamiento de Blanes entre representantes de los grupos municipales, el alcalde Josep Marigó y unas 60 personas de la Plataforma de Afectados por el Agua de Blanes, formada por ciudadanos que tienen segunda residencia en la ciudad. El encuentro se celebró a petición de la entidad.
En representación de los grupos municiaples estuvieron los concejales Salvador Tordera (PP), Xavier Lozano (CiU), Joan Salmerón (EUiA-ICV), Xavier Marcos y Josep Marigó (PSC). Según ha podido saber Blanesaldia, la reunión duró aproximadamente unas dos horas y se desarrolló en un ambiente tenso y crispado en algún momento, pues algunos de los asistentes realizaron duras críticas alzando la voz a la gestión del Ayuntamiento en el tema del recibo del agua. Máxime, cuando los tres últimos recibos (seis meses) han comportado una subida del recibo desorbitada al aplicarse una nueva tarifación, que en muchos casos ha supuesto un encarecimiento de 30 euros aproximadamente.
En esencia, los miembros de la plataforma reclamaron que quieren pagar por el agua lo mismo que las personas empadronadas en Blanes, o bien que tienen aquí su primera residencia. Para este colectivo tradicionamente el agua es más cara ya que se les aplica una tasa superior por el concepto de «cuota fija de servicio». Hasta final de 2012 y durante los 12 años anteriores la diferenciación se estableció a partir de si había o no personas empadronadas en la vivienda.
La plataforma, que irrumpió en el panorama ciudadano con diversas caceroladas algunos sábados del pasado verano, presentó a principios de este año un procedimiento contencioso administrativo contra el Ayuntamiento -accionista mayoritario de Aigües de Blanes-, en el que se reclama la devolución de las cantidades que pagaron de más por el consumo del agua en sus viviendas.
El conflicto se ha agravado este año al aplicarse una nueva ordenanza, que eliminó establecer la cuota fija a partir del empadronamiento, pero en su lugar creó diferentes tramos de consumo para determinar la tasa. De forma de que en los hogares con un consumo bajo -los de las segundas resudencias-, la tasa es más elevada.
Por si esto no fuera poco, la aplicación de la nueva tarifa arrojó unos recibos con incrementos desproporcionados, a los que no han sido ajenos familias que viven habitualmente en Blanes y que también han visto encarecerse la factura del agua. La casuística ha sido diversa, pues Blanesaldia ha conocido a algunas personas que viven solas que han tenido un aumento moderado -la subida habitual más la del concepto derivado de la desalinizadora de agua-, y otras desorbitado.
Desde marzo, la Oficina Municipal del Consumidor, y después también la oficina de Aigües de Blanes,han recibido cientos de reclamaciones por escrito. Son unas 1.300, de las que aproximadamente ya se han resuelto la mitad, todas a favor de los afectados.
Antes del verano, el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente una nueva tarifación, que no ha renunciado a gravar a las personas que tienen segunda residencia. Esta vez, la diferenciación se establece a partir del uso de la vivienda, con lo cual las que son primera residencia tendrán una tasa de cuota fija baja y las que no lo son tendrán otra tasa más cara.
La nueva tarifación está pendiente de que se ratifique en el pleno del Ayuntamiento, despues de haber estado en información pública para recibir posibles alegaciones.
Por lo que se refiere a la reunión con la Plataforma de Afectados por el Agua de Blanes, los políticos trataron de hacer comprender a los asistentes que Blanes tiene 40.000 habitantes pero una infraestructura para suministrar agua equivalente a una población muy superior. La infraestructura requiere inversiones más elevadas, que alguien tiene que pagar.
Los miembros de la plataforma reivindicaron que realizan un importante consumo en la ciudad y que por este motivo merecen ser tratados como el resto de vecinos de Blanes. En este sentido, un asistente comentó que, si a pesar de hacer gasto que hacen en la ciudad el Ayuntamiento maltrata su economía, tal vez le convenga restringir sus compras en la ciudad, haciéndolas previamente en su población de origen.
El concejal Joan Salmerón (EUiA-ICV) comentó a Blanesaldia que en la situación actual de crisis y de endeudamiento del Ayuntamiento, la institución local tiene poco margen de maniobra para acometer una convergencia de la polémica tasa, que comporte rebajarla gradualmente, o congelarla, los próximos años a los que tienen segunda residencia y subirla a los residentes.
En este sentido la privatización de la desalinizadora -gestionada por Aigues Ter Llobregat, filial de Acciona-, ha aportado su granito de arena a la subida generalizada del recibo a todos los que tienen vivienda en Blanes. El regidor dijo que su grupo hará una reunión proximamente con la miembros de la plataforma, para la cual aún no se ha fijado fecha.
Xavier Lozano (CiU), dijo que su grupo está abierto al diálogo y destacó que se acordó crear una comisión entre representantes de los grupos políticos y la plataforma, para mantener contactos auspiciados por el alcalde. No obstante, subrayó que la nueva tarifa del agua ya está aprobado y que considera difícil que se pueda modificar.
Por su parte, Salvador Tordera (PP) declaró que compartía las quejas de los afectados y subrayó que su grupo es partidario de que el precio del agua ha de ser homogéneo para todos los propietarios de viviendas. También indicó que hay que esperar a la aplicación de la nueva tarifación y ver qué resultados da. Tordera confía que el Ayuntamiento devuelva de oficio todas las cantidades que se han cobrado de más, correspondientes a los recibos de este año, aunque no se haya presentado reclamación.
Señalar, por último, que en la reunión también se oyeron quejas por la creación de zonas azules de aparcamiento.