La decisión se tomó ante el aviso de ICV-EUiA, Batega per Blanes y la CUP de que abandonarían el pleno

Blanesaldia.com

El alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, acordó ayer durante la celebración del pleno del mes de febrero dejar sobre la mesa dos puntos del orden del día. Se trata de dos sanciones a las empresas que gestionan los cámping El Pinar y Bella Terra.

La multa al primero es de solo 20.604 euros, cuando inicialmente rondaba los 128.000 euros. El motivo de la sanción se debe a que la empresa que gestiona el cámping amplió las instalaciones en un terreno calificado como «espacio libre público» no urbanizable, en el que se instalaron casas prefabricadas sin licencia urbanística.

A raíz del expediente sancionador, se retiraron los bungalows y se restauró el espacio. Por tanto, en este caso la legislación vigente avala que se aplique una reducción del 80% de la cuantía de la multa, a la cual incluso se le aplica otro descuento adicional del 20% en el momento de hacer efectivo el pago de forma voluntaria.

Por lo que se refiere al cámping Bella Terra,  el motivo de la multa se debe a que desde 2005 ha venido ocupando de forma ilegal unos 49.000 metros cuadrados (el equivalente a casi cinco campos de fútbol) calificados como terrenos agrícolas que merecen protección. La multa es la más elevada que pretende imponer el Ayuntamiento de Blanes en toda su historia. La inusual cuantía -que previsiblemente sería recurrida en la jurisdicción contencioso administrativa-, se debe al gran espacio sobre el que se ha vulnerado la legalidad y, además, a que se han realizado construcciones fijas, que ya hace años, aplicando la legislación vigente, se podrían haber derruido.

Los portavoces de los grupos municipales de la oposición, ICV-EUiA, Batega per Blanes y CUP plantearon que si se votaban las sanciones abandonarían el pleno. Esta postura la enfatizó el concejal de Batega Jordi Urgell, que tildó la gestión del asunto en el pleno de «circo» pues vino a decir que una vulneración urbanística tan importante y tan persistente en el tiempo quedaría en una multa de escasa entidad. Urgell afirmó, por tanto, que el pleno estaría incentivando que se vulnere la legalidad, porque luego el infractor tendrá un castigo de bajo perfil.

El concejal de ICV-EUiA, Víctor Catalan, consumió su primer turno de palabra enumerando la extensa retahila de vulneraciones que se han cometido desde 2005 y la escasa contumacia del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la legislación vigente, una actitud de la que corresponsabilizó a CiU y PSC, que se han alternado en la alcaldía desde 2007 y 2015.

El alcalde Miquel Lupiáñez terció en el debate para señalar que la situación de los cámpings objeto de las sanciones es fruto de una práctica «alegal», pues afirmó que en la costa catalana hay diversos casos parecidos de cámpings que se han aposentado en terrenos que no les corresponden. Por este motivo, en 2014 la Generalitat aprobó una ley de usos costeros, de la cual emanan los expedientes sancionadores que ayer fueron al pleno, para al final ser retirados.

Conviene señalar que existe un tercer cámping, el Blanc d’Eivissa, sobre el cual existe otro expediente sancionador, pero está en suspenso la aplicación de la multa pues la propiedad la ha recurrido al tribunal contencioso-administrativo.

La amenaza de abandonar el pleno ocho concejales de la oposición -Ciutadans se mostró partidario pura y simplemente de aprobar las multas y pasar página-, inquietó al equipo de gobierno. El teniente de alcalde Joaquim Torrecillas (CiU) planteó al alcalde que dejase sobre la mesa las sanciones a los cámpings, a lo que éste accedió. Torrecillas argumentó que es bueno que la oposición vote y que los ciudadanos sepan la postura de cada partido en este asunto.

El alcalde aceptó retirar las multas del orden del día y dijo que el asunto se llevará de nuevo a un pleno extraordinario, que se celebrará el próximo 2 de marzo. Existe premura por aprobar las multas, pues a final de marzo caducarán los expedientes sancionadores y, según dijo la concejala Pela Celaya, responsable de Urbanismo, podrían incurrir en prevaricación.

Con la amenaza de ausentarse del pleno, los grupos de izquierdas pretendían visualizar que el equipo de gobierno ignora sus demandas, a la vez que lanzan un mensaje con vistas a un asunto intimamente relacionado con las multas a los cámpings: la próxima aprobación de nuevo POUM, que muy posiblemente se llevará al pleno ordinario del mes de marzo.

La oposición de izquierdas teme que a través del POUM se puedan legalizar las construcciones que se han efectuado en el camping Bella Terra y, por tanto, el uso lucrativo del terreno agrícola. Un asunto sobre el que cual existen discrepancias en el seno de ERC, que forma parte del equipo de gobierno.